Se va terminando el 2025, un año en el que no se ha avanzado casi nada en materia laboral, con nulo impulso por parte de los gobiernos a promover el empleo formal, a dar trabajo o capacitar a nuestros jóvenes, lo cual genera impacta negativamente a nuestro país. Un año perdido, con normas populistas como el incremento de la Remuneración Mínima Vital, el retiro del 100% de los depósitos de CTS hasta el 31 de diciembre de 2026 o el octavo retiro de los fondos de las cuentas individuales de capitalización (CIC) en las AFP. ¿Y cómo viene el 2026? Sin ser negativos, nos parece que la mano viene parecida, y quizás peor.
En primer lugar, tenemos un lento avance en el crecimiento del empleo formal: Al cierre del 2025 se advierte un leve incremento del empleo formal a nivel nacional (5% aproximadamente) fundamentalmente en razón al mayor dinamismo del sector servicios, comercio y agropecuario. Es probable que la tendencia se mantenga el 2026, con la natural expectativa de los inversionistas por el cambio de nuestras autoridades. La gran tarea pendiente, reiteramos, es la emisión de políticas públicas para combatir la informalidad laboral (70% aproximadamente).
A ello se suman los proyectos ley antitécnicos: El año 2025 se ha caracterizado por la discusión en el Congreso de la República de proyectos de ley de corte populista como los mencionados. Con el Congreso saliente la tendencia se va a mantener, y probablemente se insista en incrementar el porcentaje de participación en las utilidades de las empresas eléctricas, ampliar licencias para el personal, entre otros.
Se plantea una reforma a la Nueva Ley Procesal del Trabajo, habiéndose este año discutido diversos proyectos de ley tendientes a modificar el proceso laboral, incorporando procesos de tutela de derechos fundamentales laborales y un proceso monitorio que pretende ser más célere que los actuales. Probablemente este 2026 algunos cambios planteados salgan a la luz. Ojalá que vengan con el presupuesto suficiente para asegurar su efectividad, pues hay mucha lentitud para resolver los casos y falta mayor capacitación para los Jueces y personal de apoyo a nivel nacional, ya que los cambios teóricos no sirven de nada sino tienen aplicación práctica.
En el frente administrativo, visualizamos el incremento de actividad de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Con bajos recursos por equivocadas decisiones políticas, SUNAFIL viene cubriendo su brecha operativa a través del envío masivo de cartas inductivas a los empleadores instándolos a cumplir con determinadas obligaciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo (SST) como el constituir un comité de SST, capacitar anualmente al personal, incorporar al personal en planilla, implementar un lactario, implementar y comunicar la política salarial, entre otros. Consideramos que este 2026 la tendencia apunta a un incremento, ojalá técnico y no en base a motivaciones políticas.
Otro aspecto para considerar es la gran incertidumbre y rigidez laboral con la que cerramos el año 2025. Se cierra el año con una criticable sentencia del Tribunal Constitucional que valida la restricción a la tercerización impuesta por el D.S. 001-2022-TR y su discusión en la Corte Suprema mediate un proceso de acción popular. Esta zozobra preocupa al empresario, al inversionista, por lo que esperamos que en las semanas que quedan o a inicios de 2026 se termine de zanjar la discusión. El Ministro de Trabajo tiene pendiente cumplir con el mandato emitido por el Decreto Supremo No. 059-2025-PCM, cuyo plazo venció el 17 de junio de 2025, y lamentablemente viene omitiendo su obligación.
El 2025 se ha caracterizado por la emisión de pronunciamientos polémicos en materia laboral que pretenden cambiar las reglas existentes, como el caso del retiro de confianza, o la contradicción existente entre las dos Salas de la Corte Suprema que resuelven casos laborales del sector privado sobre temas similares, o criterios diferentes de Jueces de segunda instancia de distintas Cortes Superiores del país, lo cual genera falta de seguridad jurídica y rigidez laboral. Es probable que la tendencia se mantenga este 2026.
Finalmente, y en lo que el sector público se refiere, se avizora un aumento salarial en el sector público. Luego de la firma del Convenio Colectivo Centralizado 2025-2026 entre las centrales sindicales del sector público y el Poder Ejecutivo, se contempla un aumento salarial para los empleados públicos desde 2026. Pero del lado antitécnico e impactando el tesoro público pese a que la Constitución lo prohíbe, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación el texto sustitutorio del dictamen que propone extender el derecho a la gratificación por Fiestas Patrias y Navidad a los trabajadores comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo 1057, norma que regula la Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Es probable que prospere este 2026, ojalá nos equivoquemos.
Se viene complicado este 2026, por lo que de cara al compliance laboral recomendamos realizar auditorías para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y prevenir multas de SUNAFIL o juicios laborales. Hagan sus revisiones, validen sus cálculos, sus formatos, procedimientos, reglamentos. Lo mismo en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues se trata de un tema muy inspeccionado y con multas muy altas. Es mejor prevenir que lamentar. Estemos preparados. Iniciemos de la mejor manera este 2026.